Se define como pobreza energética a aquellos casos en los que los integrantes de un hogar son incapaces de abonar la energía mínima que precisan para satisfacer sus necesidades domésticas. Estas limitaciones dificultan o impiden el derecho a vivir de forma digna al recortar el acceso a necesidades básicas como la cocción de alimentos, la iluminación, la calefacción, la higiene o la refrigeración.
Esta situación es especialmente crítica en países como la Argentina, donde según datos recopilados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y como consecuencia de los sucesivos aumentos en las tarifas eléctricas ocurridos desde 2016, un 36% de los hogares padecen de graves problemas para acceder a fuentes de energía.
En muchos casos, esto lleva a que las personas sin acceso a la energía eléctrica construyan sus propias infraestructuras para tener luz o conectarse a la red nacional, algo que no solo es ilegal, sino también peligroso e inseguro. Además, las altas y bajas de tensión de estas conexiones precarias pueden perjudicar a los electrodomésticos y ocasionar incendios o accidentes.
En este marco, las energías renovables de pequeña escala, como los paneles solares, podrían ser parte de la solución al brindar servicios muy económicos, seguros y con el beneficio agregado de un menor impacto medioambiental a mediano y largo plazo.
Sin embargo, cabe destacar que en nuestro país, las energías renovables no convencionales, como la solar, la eólica y la biomasa, recién comenzaron a ser promovidas por el estado hace poco más de dos décadas, alcanzando en 2021 un 12% de la matriz energética. El objetivo del gobierno es alcanzar un 18% para 2023 y un 20% para 2025.