A fines de 2018, se reglamentó la Ley de Generación Distribuida N°27.424, que establece el marco regulatorio para que todos los ciudadanos conectados a la red eléctrica puedan instalar paneles solares y generar energía en hogares, PyMEs, grandes industrias y comercios, ya sea para su autoconsumo o con el objetivo de vender los excedentes de su producción a las empresas energéticas.
Desde ese momento, cada vez más personas preocupadas por colaborar en la reducción del consumo de combustibles fósiles han ido optando por el uso de esta energía renovable que no solo permite contribuir a la sostenibilidad del planeta, sino que brinda la posibilidad de ahorrar en la factura eléctrica de hogares, edificios residenciales o industriales.
Además, la energía solar es una gran alternativa para aquellas regiones del país, como el Noroeste y Cuyo, donde existe una falta de distribución de gas; o para zonas donde el acceso a la red eléctrica es complicado o muy costoso cuando se trata de abastecer depósitos, sistemas de riego o estanques.
Pero tal vez el mayor motor para la aceleración de la transición energética esté relacionado con el inminente sinceramiento de las tarifas como consecuencia del reciente acuerdo con el FMI, que incluye una baja de los subsidios energéticos. Esto seguramente hará que muchas empresas e instituciones opten por invertir en la energía solar para conseguir una reducción de sus costos energéticos.