En un contexto global como el actual, donde la invasión de Rusia a Ucrania genera un aumento de los precios del gas y del petróleo en el mercado internacional, la compleja situación de nuestro país en materia energética se vuelve aún más incierta, tanto en términos de abastecimiento, como de precios.
A esto se suma una nueva incertidumbre de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye una baja de los subsidios que generará un aumento considerable e inminente de las tarifas. Y las principales afectadas por este aumento serán las empresas.
Ante este escenario inestable, las energías renovables aportan certezas, permitiendo a las compañías repensar sus estrategias de negocios para volverlas más eficientes. Por ejemplo: en las provincias con tarifas energéticas promedio superiores a AR$ 6,5 kw/H y asumiendo un ajuste sólo de la mitad de la inflación por año, el ahorro en el consumo eléctrico hace que un proyecto de 20 kw se repague en solo 5 años.
Pero además, gracias a la Ley 27.424 (de energía distribuida), las empresas pueden acceder a beneficios impositivos en las provincias adheridas a la ley, acortando aún más los plazos de retorno de inversión a 4 años como consecuencia de la aplicación del Certificado de Crédito Fiscal.
Y en caso de generar excedentes de energía esta puede ser reinyectada a la red de distribución, reduciendo las tarifas eléctricas y permitiendo a los usuarios tener un rol activo en su consumo de electricidad que mejore su estructura de costos frente a la competencia (que aún se mantiene expuesta a las variaciones en las tarifas eléctricas).
Aunque el panorama sea incierto, el sol seguirá saliendo todos los días.